
La relación entre Colombia y Ecuador entró en su fase más fría de los últimos años. El Gobierno de Daniel Noboa decidió este martes llamar a consultas a su embajador en Bogotá, una figura diplomática que denota malestar profundo y que se oficializó tras una nota de protesta formal contra el presidente Gustavo Petro. El detonante: la insistencia del mandatario colombiano en calificar de "preso político" a un ciudadano ecuatoriano con sentencias firmes por asociación ilícita y procesos abiertos por peculado.
Para Quito, el caso está cerrado en los estrados judiciales. El comunicado es quirúrgico al detallar que la persona en cuestión, en clara alusión al exvicepresidente Jorge Glas, aunque sin nombrarlo directamente en esta ocasión, no es un perseguido político, sino “un sentenciado por la justicia ecuatoriana tras procesos legítimos” .
Más allá del cruce de declaraciones altisonantes, la nota diplomática ecuatoriana introduce un elemento que va mucho más allá del caso Glas y que toca una herida histórica entre ambas naciones: el control de la frontera común de casi 600 kilómetros.
En un movimiento calculado, el Gobierno de Noboa utilizó la protesta diplomática para lanzar una acusación directa en materia de seguridad. Según Quito, la “persistente falta de control en la frontera colombiana” ha facilitado el tránsito de grupos armados organizados y el flujo constante de drogas hacia territorio ecuatoriano.
“Esto ha tenido efectos directos sobre la paz interna de nuestro país”, advierte el texto, exigiendo a Bogotá un compromiso concreto para fortalecer la vigilancia en lugar de dedicarse a calificar los fallos judiciales de un país vecino.
Para el lector no especializado en derecho internacional, este término puede sonar burocrático, pero en la práctica es un ultimátum silencioso. Llamar a consultas al embajador implica que el representante diplomático de Ecuador en Colombia debe regresar a Quito para recibir instrucciones y analizar el estado de la relación.
Es una señal política contundente que, si bien mantiene los canales abiertos (no se ha llegado a una ruptura total como ocurrió con México), refleja que la paciencia de la administración Noboa llegó a su límite.
La crisis diplomática no ocurre en el vacío económico. Mientras los cancilleres cruzan notas de protesta, el sector privado mira con preocupación el intercambio comercial. Cabe recordar que episodios anteriores de tensión bilateral ya han dejado cuantiosas pérdidas. Según reportes recientes, las fricciones comerciales derivadas de la tirantez entre los gobiernos de Noboa y Petro ya acumulan pérdidas cercanas a los 340 millones de dólares para el sector exportador e importador.
El cierre del comunicado ecuatoriano mantiene las fórmulas de cortesía diplomática (“seguridades de su más alta y distinguida consideración”), pero el mensaje político ya está enviado: Quito no tolerará más lecciones de Bogotá sobre cómo impartir justicia.






