Diputados declaran “persona no grata” a Iván Cepeda en Antioquia y ahora enfrentarían una investigación

Una fuerte polémica sacude a la Asamblea de Antioquia después de que 14 de sus 26 diputados declararan persona no grata al candidato presidencial Iván Cepeda. La decisión, de carácter simbólico, podría tener consecuencias legales para los firmantes.

El origen de la controversia

Todo se originó por unas declaraciones del senador y aspirante presidencial del Pacto Histórico, quien en un discurso afirmó: “En palabras sintéticas, Antioquia se convirtió en cuna de la parapolítica, de la narcoeconomía y del terrorismo de Estado. Y en el centro de esa realidad que emergió estaba Álvaro Uribe Vélez”.

Estas palabras generaron un rechazo inmediato en sectores de la derecha antioqueña. La diputada Verónica Arango, una de las promotoras de la iniciativa, justificó la declaración argumentando: “Rechazamos la estigmatización a esta tierra pujante y resiliente, que se ha levantado con el trabajo y la fuerza de su gente”.

Consecuencias legales: Queja ante la Procuraduría

Sin embargo, lo que para algunos era un acto de defensa del departamento, para otros constituye una violación a la ley. El abogado Carlos Mario Patiño presentó una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación contra los 14 diputados.

“Presenté una queja disciplinaria porque no solo es un acto de hostigamiento impresentable, sino que viola expresamente la ley 2200 de 2022, que en su artículo 20.3 prohíbe ‘proscribir’ a ciudadanos. Esta proposición, además de inmoral y una vergüenza, es ilegal. Ojalá el procurador atienda rápidamente mi solicitud”, explicó Patiño, quien es abogado y magíster en Derecho Económico.

La denuncia cobra fuerza al señalar que la Asamblea se habría extralimitado en sus funciones. El abogado especialista en Derecho Público, David Suárez Tamayo, fue enfático en su análisis: “Señores Diputados, declarar ‘persona no grata’ a alguien desconoce el Artículo 136 de la Constitución y las Sentencias C-386 de 2002 y T-465 de 1996 de la Corte Constitucional. Mucho cuidado”.

¿Qué dice la ley?

• Artículo 136 de la Constitución: Prohíbe al Congreso (y por extensión, a corporaciones públicas como las asambleas) decretar actos de proscripción o persecución contra personas.
• Sentencia T-465/96 de la Corte Constitucional: Establece que los concejos municipales (y entes similares) no pueden declarar “persona no grata” a un ciudadano, pues es un acto de proscripción que vulnera derechos fundamentales como el buen nombre y la dignidad humana, más aún si se origina por diferencias de opinión.

Incluso al interior de la corporación hay voces disidentes. El diputado Walter Salas, quien no firmó la proposición, manifestó: “Rechazo contundentemente esta iniciativa. Como corporación, no tenemos competencia para sancionar ni estigmatizar”.

La defensa: “Es un acto simbólico y político”

Frente a las acusaciones, la diputada Verónica Arango salió en defensa de la decisión, argumentando que se trató de un acto de deliberación política amparado por la libertad de expresión y la autonomía de la corporación, y que no tiene efectos jurídicos vinculantes.

“Lo que hizo la Asamblea no fue un acto de proscripción ni sancionatorio, sino un acto de deliberación política y simbólico. Fue una proposición política que no genera efectos jurídicos y se dirige a una figura pública, quien tiene un deber de soportar la crítica. Está cubierta por la inviolabilidad del voto y la libertad de expresión reforzada en materia política, tal como lo han respaldado múltiples sentencias de la Corte Constitucional (T-391 de 2007, T-040 de 2013, T-242 de 2022, entre otras)”, argumentó Arango.

Antioquia: Un territorio en disputa electoral

Este cruce de declaraciones no es un hecho aislado, sino que refleja la creciente disputa política por Antioquia, un departamento históricamente cercano al uribismo. Las pasadas elecciones legislativas evidenciaron un avance de las fuerzas de izquierda en la región.

Mientras el Centro Democrático se mantuvo como la fuerza mayoritaria con un 31,83% al Senado y un 32,45% a la Cámara, el Pacto Histórico logró un crecimiento significativo al alcanzar el 16,76% y 17,21% respectivamente, consolidándose como la segunda fuerza y demostrando que el electorado antioqueño ya no es un feudo indiscutible de una sola corriente política.